Miriam Grunstein, académica afiliada del Mexico Center de James Baker III de Rice University
El semáforo se puso en verde. De un momento a otro, se supo que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf, sacó un proyecto –tal vez un anteproyecto– en el que resuelve que los artículos reformados de la Ley de la Industria Eléctrica no son inconstitucionales. “Casualmente”, esto sucede al mismo tiempo en que se anuncia el inicio de la discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados pero a la Constitución. Así, tenemos dos trenes bala en carriles separados. Uno en la Corte que impulsa la ley a un destino aún indefinido y otro en el Congreso que lleva a la Constitución a quién sabe dónde.
La salida imprevista de ambos trenes no es coincidencia. La ministra Ortiz se ha montado en el del presidente y de Bartlett con el mandato siguiente: urgir la discusión de la reforma constitucional. Desde la Corte –lo cual es muy inapropiado si persiste independencia alguna en el más alto tribunal– se aprietan las tuercas para que los representantes populares de una vez se sienten a negociar. Además, aun a falta de conocer su proyecto, la ministra lanza la advertencia siguiente: “si no se aprueba la reforma constitucional, es posible que sea suficiente con que la ley lo sea.” Es decir, de no ser posible el bloqueo a la iniciativa privada desde la norma más alta, es dable que la Corte mantenga este impase en la ley secundaria.
Pero no es tan fácil. Para que a través de la Corte se mantengan los cambios legales es preciso que 8 ministros voten a favor del proyecto. Esto es altamente especulativo pues no es posible dar por hecho que incluso los nombramientos del presidente lo avalarán. Decir “esta sí y este no” es un volado. Por más que pretendamos penetrar las cabezas de los ministros, es muy difícil conocer a fondo todos los incentivos y razones que los harán votar en un sentido o en otro. Salvo la flagrante obviedad de la captura de la ministra Ortiz, cuyos argumentos habrá que leer con calma para sopesar qué tan dictados son, hasta el momento el voto de los demás está en “veremos”.
Otro punto son los efectos de que los ocho votos a favor o en contra se obtengan –o no– en la Corte. Si hay 8 votos (o más) a favor del proyecto, los artículos impugnados seguirán de pie y ya nada podrá hacerse en contra de ellos. Si es así, tal vez no sea necesario modificar la Constitución pues las reformas legales son lo suficiente prohibitivas para cerrar la industria. Por otra parte, si hubiere 8 votos en contra de las reformas a la ley, ésta se vendría abajo; y, si persistiera el ardor de excluir a los particulares, sería preciso que la reforma constitucional prosperare.
¿Sienten vértigo, queridos lectores? No se apuren. Aún hay más.
¿Qué pasaría si no se reúnen 8 votos ni a favor ni en contra del proyecto? En ese caso, la ley no tendrá una declaración de constitucionalidad ni de inconstitucionalidad por parte de la Corte y, a falta de un blindaje en un sentido o en otro por el más alto tribunal, los afectados podrán seguir amparándose contra ella.
¿No entienden nada? No se apuren. Estamos a sus órdenes y toda consulta causa honorarios.
Más sencillo:
Ocho votos o más a favor del proyecto de Ortiz: se mantiene la reforma y tal vez no haya que reformar la Constitución para cerrar la industria.
Ocho votos o más contra del proyecto: se cae la ley y habrá que reformar la Constitución para el mismo fin.
Si no se reúnen los 8 votos ni a favor ni en contra, la ley se mantiene vigente, pero hay posibilidad de interponer amparos contra los actos que causen afectaciones.
A esta incertidumbre demencial se suma otra: la de la votación de la reforma constitucional en el Congreso. Esperamos que la discusión entre nuestros representantes populares no omita un cuidadoso análisis costo-beneficio de la reforma. El mundo pasa por una coyuntura en donde la inflación se ha desatado en gran parte por un disparo en los precios de los energéticos. Si sumamos el contexto mundial al riesgo de que nos quedemos a solas con CFE, hay algo de lo que podemos estar seguros: la electricidad se pondrá como lumbre. Por ahora, mientras ellos discuten, tan sólo nos toca ponerle velas a San Judas Tadeo –Santo Patrón de las Causas Perdidas– para que los legisladores se pongan a hacer números antes de redactar los versículos en la Constitución a honor de CFE.
Por ahora, queridos lectores, aún es muy temprano para adelantar vísperas sobre lo que podría suceder en ese recinto. Les guardamos ese bocadito de locura para la entrada que viene.