Con el alivio de la defunción de la reforma constitucional en materia eléctrica, y una ley secundaria prendida a media luz por la indecisión de la Suprema Corte la Nación, para nuestros mayores socios comerciales hay aún mucho de qué preocuparse. Desde hace tres años, en la administración pública se practica el “bullying regulatorio,” donde se molesta a las empresas simplemente porque pueden y defenderse de ella desgasta y cuesta.
Más allá de las molestias de las empresas cuyos permisos son sistemáticamente denegados –ya sean de hidrocarburos y/o electricidad, el pronóstico energético del país es “reservado”. Ese es el término que usan los médicos cuando es impredecible la evolución del paciente sin que el panorama sea halagüeño.
Si la Comisión Reguladora de Energía y a Secretaría del mismo ramo no cesan su patrón de negar el otorgamiento y/o modificación los permisos requeridos para importar, almacenar, combustibles, así como construir y operar centrales de generación eléctrica, es posible que, desde Estados Unidos, se perciba un ambiente incremental de discordia y, por lo mismo, de presión.
Una medida pronta y expedita –mucho más que la justicia—sería que en Estados Unidos trataran a nuestras empresas como el gobierno de López Obrador ha tratado a las de aquel país. El comercio se desarrolla bajo fórmulas relativamente simples de reciprocidad. Si México no permite que las empresas de los Estados Unidos operen en paz, por darle a preferencia a CFE y a Pemex, es muy factible que a estas últimas les reviren las consecuencias. No olvidemos que la refinería Deer Park es ahora propiedad de México en su totalidad y que lo mismo sucede con CFE Energía, la comercializadora de gas número 11 en Estados Unidos.
La conducta desaseada de este gobierno pone en la mira a las empresas de energía más importantes de México en ese país. Y así como aquí el gobierno frena permisos, obstruye autorizaciones, fiscaliza y amenaza a las empresas estadounidenses; es posible que aquí sintamos cómo desde allá nos aprietan con fuerza las tuercas; tal vez no al grado de paralizar las operaciones de Deer Park o de CFE Energía, pero sí de volverlas muy onerosas.
Sin actuar de forma ilícita, el gobierno de Biden, o incluso los estatales, podrían sacarnos de mercado al encarecer las operaciones de estas filiales mexicanas.
Tampoco se nos olvide que el negocio energético de hoy es de vendedores porque los recursos son escasos y hay una demanda en franco crecimiento. De nuevo, estamos de cara a la reciprocidad: si México sólo deja a PMI importar gasolina, para el mercado mexicano, los exportadores pueden ofrecer su gasolina a muchos otros, salvo a PMI.
Lo mismo sucede con el gas. Las gaseras estadounidenses saben que a este combustible lo pelea la demanda global. Si seguimos obcecados en nuestros sueños de “soberanía energética” cueste lo que cueste, el país entero pronto amanecerá como ya sucede en Nuevo León y Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila, sin gas y sin luz.
