El ELN y la trata de menores en el Bajo Cauca

Las fotos que andan circulando por las redes en las que miembros del ELN posan al lado de niños en Versalles, Tibú, Norte de Santander, podrían no ser solo proselitismo armado. 

CAMBIO tuvo conocimiento del caso de una niña de doce años que dice que fue secuestrada por el ELN en el bajo Cauca antioqueño para ser explotada sexualmente en Medellín.

Sucedió hace un año, en el municipio de El Bagre, Antioquia, durante una incursión del ELN que se prolongó por más de un mes. Llegaron hasta su casa a exigirle a la familia que se la entregaran "porque todos debían aportar". Tenía 11 años cuando se la llevaron, con otros niños y niñas del pueblo. En principio, pensó que la convertirían en una combatiente, pero a los pocos días del rapto, fue apartada junto con otras niñas. La metieron en un carro y la llevaron a Medellín, donde ella y las demás niñas fueron entregadas a un hombre que, a partir de ese momento, se convertiría en su explotador sexual.

El hombre las obligó a merodear el parque Lleras durante varios meses hasta que la niña y una de sus compañeras aprovecharon el descuido del hombre para escapar, con tan buena suerte que pudieron llegar hasta una estación de policía. Aunque al principio los agentes no creían lo que la niña estaba relatando, finalmente resolvieron abrirle un caso y entregarla al ICBF, que hoy la tiene bajo custodia, aunque lejos de su familia.

La niña no ha podido regresar a El Bagre porque el pueblo sigue dominado por los grupos armados ilegales. Una mitad del municipio es controlada por un grupo al que han denominado “despliegue delictivo El Bajo”. La otra mitad es controlada por la guerrilla del ELN. La niña asegura que fueron "los elenos" los que la sacaron de su casa y los que la entregaron en Medellín. 

La trata en el Bajo Cauca

Su caso podría no ser el único. Organizaciones de derechos humanos que trabajan en la zona, como la Corporación Jurídica Libertad y las Iglesias Santuarios de Paz, afirman que desde hace dos años han empezado a recibir cada vez más denuncias de niñas desaparecidas que luego terminan siendo explotadas en Medellín. En este sentido, las organizaciones advierten que la participación de los grupos armados ilegales en la trata de personas con fines de explotación sexual, no ha sido suficientemente investigada. “Nosotros seguimos en deuda de reconocer la enorme responsabilidad que han tenido los grupos armados en el país en los casos de trata con fines de explotación sexual. Esto no es algo nuevo, pero sí se ha negado mucho”, asegura Katherine Jaramillo, directora de la ONG Valientes, que trabaja ayudando a rescatar a víctimas de las redes de trata. 

En 2020, en un análisis general de la seguridad de todo el Bajo Cauca, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la incursión de nuevas estructuras paramilitares y guerrilleras, encabezadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y por el ELN, en busca del control de ciertas economías de la zona –entre ellas, la minería ilegal y los cultivos de coca–. La Defensoría hizo énfasis en dos fenómenos adicionales: por un lado, el reclutamiento de niños y adolescentes para obligarlos a ingresar a las filas de la guerrilla. Por el otro, la captación de niñas y adolescentes con fines de trata y explotación sexual. 

Pese a que esa alerta temprana no mencionó específicamente a los responsables de la trata y se refirió a grupos armados en general, una fuente de la Defensoría le dijo a CAMBIO que la entidad en la tarea de verificar al menos seis casos que demostrarían la participación del ELN en la trata de personas. 

Astrid Elena Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), le dijo a CAMBIO que, aunque el ICBF tiene unidades móviles que atienden los casos de explotación sexual en menores en zonas de alto riesgo, en el bajo Cauca antioqueño ha sido imposible operar, justamente por el dominio que los grupos armados ilegales sobre la región.

La trata y el conflicto armado

El 18 de noviembre de 2021, la Red Petra Mujeres Valientes entregó un informe a la Comisión de la Verdad en el que expuso dos temas: la violencia sexual contra mujeres y comunidad LGTBIQ+ durante el conflicto armado y la creación de redes de explotación sexual para la financiación de grupos armados ilegales. Pero el informe no ha generado ningún tipo de acción estatal para atender el problema.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe de 2022 sobre la trata de personas, habla sobre la nueva modalidad de financiación que han implementado los grupos armados ilegales.

“Los grupos armados ven en la trata de personas un nuevo negocio, aprovechando el control que ejercen en las zonas donde hacen presencia. Se registra un incremento en el número de casos de trata de personas utilizadas para trabajos forzados”, señala la ONU en el informe de 2022. El 46 por ciento de las redes de trata son manejadas por crimen organizado. Otro 23 por ciento, por organizaciones criminales con control territorial. La ONU también ha constatado que el 62 por ciento de las personas sometidas son utilizadas para explotación sexual.

De acuerdo con un analista que trabaja con cooperación internacional, cuyo nombre prefirió mantener en reserva por seguridad, la caída de negocios como la cocaína ha llevado a que los grupos armados ilegales se hayan volcado a este tipo de delitos. Además de captar víctimas para explotarlas sexualmente, también se dedican a captar a niños, adolescentes y hombres adultos para trabajos forzados. 

Para Katherine Jaramillo, el gran obstáculo que hace difícil reconocer el delito y la manera como operan estas redes es la baja comprensión que existe sobre la trata. Por ejemplo, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes también puede ser entendido como una forma de trata, "pero en Colombia hemos normalizado mucho estos fenómenos. Nosotros tenemos un caso de una víctima reclutada por una guerrilla que, al final, fue utilizada con fines sexuales dentro de la misma organización. Ella fue llevada a otro país, donde su caso sí fue tipificado como 'trata' en contexto de guerra. Eso acá no lo vemos”.

Por eso ha sido tan difícil, para las organizaciones que velan por las víctimas, que en Colombia –en el contexto del conflicto armado– se reconozca plenamente la responsabilidad de los grupos armados ilegales en el delito de trata de personas, que afecta a cientos de víctimas cada año.